No existe un criterio ético que zanje las decisiones de inversión de las instituciones previsionales. Los proyectos que estas elijan para destinar recursos de los cotizantes pueden causar daños ambientales y envolver actos de corrupción. Esto genera que hoy las AFP sean grandes inversionistas de proyectos cuestionados.

Corría 2018 cuando estalló una bomba ecológica en el seno de Quintero y Puchuncaví. Era agosto, y poco a poco la gente se enteraba de la catástrofe ambiental a raíz de una intoxicación por gases y compuestos químicos en el aire producidos por las empresas del lugar. Cientos de niños presentaron vómitos, adormecimiento de extremidades y náuseas. El país ponía sus ojos en el caso. El principal responsable: AES Gener.

En 2019, ya con antecedentes del caso, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra la empresa por sus incumplimientos ambientales. Controlada por AES Corporation, multinacional norteamericana que entrega energía a 14 países, AES Gener fue también una de las promotoras de Alto Maipo, un también polémico plan hidroeléctrico en el Valle del Maipo.

Sin embargo, un detalle pasó por alto para muchos: AES Gener es uno de los receptores de las inversiones de las AFP: según constata Fundación Sol, recibe US$ 284 millones de los fondos previsionales.

El mismo patrón se repite en empresas como Celulosa Arauco y Constitución S.A (Celco), del grupo Angelini, que en 2013 fue condenada por el envenenamiento de cisnes en el Río Cruces de Valdivia. También, en algunas ligadas a actos de corrupción, lo que lleva a preguntarse por la necesidad de limitaciones éticas de las inversiones de los fondos. Se advierte, sin embargo, que esto podría afectar la rentabilidad de los mismos, lo que podría terminar afectando las pensiones.

Falta de regulación

En Chile exista poca sino nula preocupación ética en torno a las inversiones de los fondos previsionales. Senadores como Juan Ignacio Latorre (RD) han llamado la atención respecto de la falta de medidas que eviten que ciertas empresas reciban inversiones de fondos de pensiones en función de criterios éticos.

Consultado por Doble Espacio, Latorre explica que parte del problema radica en la desregulación en la de estas inversiones, que derivan en el financiamiento de empresas que pueden ser nocivas ambiental y/o laboralmente . “Las grandes empresas muchas veces incorporan criterios de responsabilidad voluntarios o autoevaluaciones, pero no hay ninguna normativa a la que estén exigidos. Pueden cumplir la ley y basta, muchas veces el mínimo. Los fondos de pensiones deberían establecer criterios o incentivos positivos, es decir, que aquellas empresas que demuestran criterios de equidad de género, preocupación medioambiental podrían ser, entre comillas, premiadas con un financiamiento por parte de estas inversiones”.

“Se pueden establecer una serie de criterios positivos para un desarrollo sostenible”, agrega el parlamentario, quien se muestra favorable al apoyo “a empresas, además, que aporten no sólo a lógicas especulativas, como en el extranjero: el desarrollo de las pymes, de la economía social, del comercio justo. Ejemplo de ello está en la banca ética, que no presta dinero, o en este caso, no invierte en empresas que no tengan un buen comportamiento más allá de la rentabilidad, que se coludan, que estén sancionadas por la dirección del trabajo o que provoquen daños ambientales. En Chile, en cambio, las inversiones incluso financian empresas generadoras de carbón”.

Las limitaciones que realiza la Superintendencia de Pensiones a las inversiones de los fondos de las AFP están sujetas al Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, emitido tras un informe realizado por el Consejo Técnico de Inversiones dependiente de la Superintendencia. El régimen “provee los lineamientos generales de la elegibilidad de los instrumentos, los límites estructurales para la inversión de los Fondos de Pensiones y los límites respecto de emisores que evitan concentración de propiedad y participación en el control por parte de los Fondos de Pensiones”.

Sin embargo, estas restricciones apuntan a materias más bien referidas a rentabilidad de las inversiones que a criterios éticos. Las principales especificaciones tienen carácter técnico: a través de qué instituciones se realizan las inversiones, qué porcentajes de inversión pueden realizarse o qué prohibiciones existen para invertir, como por ejemplo, la imposibilidad de invertir en las mismas acciones de las AFP.

[LEE TAMBIÉN]  “Aún es tiempo de rectificar el rumbo” fue suscrita por 15 personas: Quiénes son los firmantes de la carta de El Mercurio y cuáles son sus intereses en los fondos previsionales

El Régimen de Inversión, creado en 2008, no contiene indicaciones de carácter prohibitivo sobre empresas que hayan sido procesadas por la justicia o que tengan amonestaciones por incumplimiento de estándares medioambientales. Tampoco establece criterios éticos de evaluación.

Consultado por Doble Espacio, el economista y director de la sede chilena de la Universidad Wake Forest, Hassan Akram, dice que debería ponerse más atención a la relación entre la rentabilidad y la ética de las inversiones. “Afectarían posiblemente la rentabilidad. Sin embargo, eso ya se hace de todas formas con otro tipo de regulaciones. En general se ha comprobado que ciertos tipos de criterios éticos pueden ayudar a aumentar la rentabilidad, o que por lo menos no la disminuyan, como los criterios de paridad de género”.

Akram sostiene, igualmente, que esta es una materia que debiera ponerse de relieve por el tipo de modelo económico que existe en Chile. “Si hablamos de las inversiones que se hacen en el mercado local es importante la diversificación de la matriz directiva. No es sustentable depender sólo de recursos naturales, hay que invertir en altas tecnologías. Si las AFP canalizaran estos recursos, ayudarían a una rentabilidad de la economía en general”. En cuanto a la rentabilidad de los fondos y al posible impacto negativo en la economía, cree que esto podría generar “un sistema de revisión de criterios éticos a la entrada de nuevos capitales, mejorando la calidad de la inversión que llega, lo que es algo positivo”.

Pensiones y el negocio de la extracción de litio

Según datos de Fundación Sol, la Sociedad Química y Minera (SQM), de la que Julio Ponce Lerou fue histórico controlador, recibe US$ 563 millones de los fondos previsionales, un 93,5% de los US$ 602 millones que se destinan a las empresas del Grupo Ponce Lerou. SQM está a a cargo del yacimiento de litio más grande del mundo, el Salar de Atacama, con el cual ha recaudado cuantiosas ganancias pese a las sanciones y los procesos a los que ha estado sometida esta compañía símbolo de la dictadura y que, pese a los cuestionamientos por su actuar, sigue recibiendo dinero del ahorro de los cotizantes.

Entre otros casos, ha estado involucrada en el financiamiento ilegal de campañas políticas (“Caso SQM”), destapado en 2015 y en el Caso Cascadas, en el cual, según reveló un reportaje de Ciper en 2018, por primera vez un tribunal reconoció que los fondos de pensiones perdieron dinero por las operaciones bursátiles que permitieron a Julio Ponce mantener el control de SQM. Esto significó pérdidas avaluadas en 8,2 millones de dólares de fondos de 3,2 millones de afiliados.

En materia de faltas medioambientales, SQM ha debido responder ante las autoridades en distintas ocasiones. Una de ellas fue el caso del Salar de Llamara (región de Tarapacá): en 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló a la empresa distintos cargos relacionados con su impacto en la zona. No obstante, Alonso Barros, abogado defensor de pueblos y comunidades indígenas en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y que participó en el mencionado juicio de parte de las comunidades que se sumaron al proceso, denuncia:

“La SMA se ha pegado un par de volteretas. Una es la que ocurrió en el salar de Llamara, donde puso un recurso de casación por un fallo del tribunal ambiental que favorecía a SQM y las comunidades que yo represento se sumaron a este recurso. Resulta que en algún momento, con el cambio de gobierno, se desistió de su propio recurso de casación en forma y fondo. Entonces, SQM pudo seguir operando sin problemas”.

La superintendencia liderada por Cristóbal de la Maza, tiene además un litigio vigente que vivió un nuevo capítulo el jueves 30 de julio. El regulador retomó el proceso sancionatorio a pesar de haber apelado, junto a SQM, la decisión del Tribunal Ambiental que había desestimado el Programa de Cumplimiento presentado por la minera, a su vez calificado como insuficiente por las comunidades.

Para conocer la perspectiva de SMA, Doble Espacio tomó contacto con Jimena Quilodrán, su jefa de comunicaciones. Sin embargo, pese a haber confirmado en dos ocasiones que contestaría las preguntas enviadas vía e-mail, no nos dio respuestas.

Según Barros, defensor de diversos pueblos originarios, se han vulnerado derechos en lo ambiental y en lo indígena. En lo primero, un estudio realizado por las comunidades y su defensa con con el Tribunal Ambiental y la Conaf, constató que la sobreextracción de salmuera tuvo un impacto en la biodiversidad del lugar. “Los flamencos se han ido desde que SQM comenzó a intervenir”, acusa. Y agrega: “La sobreexplotación ha afectado los árboles de la zona porque SQM, además, tiene cinco pozos de agua dulce que están en esta gradiente fluvial que recoge el agua lluvia e impide que las aguas lleguen a las lagunas del borde este (…) entonces están secando las lagunas, lo cual afecta de distintas formas la cultura de la zona”.

En cuanto al derecho indígena, Barros expresa que esto es aún más preocupante, pues se estaría vulnerando el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile. En virtud de este convenio, las mineras deberían consultar e informar a las comunidades antes de intervenir sus tierras, como también llegar a acuerdos para compartir los beneficios del territorio explotado, lo cual no se ha dado: “Al revés, ha tenido una pésima relación. No tiene licencia social, en definitiva”, sentenció.

 Las pensiones y el negocio de la electricidad

La mencionada AES Gener cuenta con once filiales en Chile, siendo una de las principales empresas generadoras de electricidad, con un 26% del mercado. Dos de sus operaciones más controvertidas han sido la puesta en marcha de la hidroeléctrica Alto Maipo, en la comuna de San José de Maipo, que inyectaría 531 MegaWatts (MW) al Sistema Interconectado Central (SIC), y la termoeléctrica Nueva Ventanas, en Puchuncaví, con una capacidad de 272 MW.

Según las previsiones de la empresa, Alto Maipo se pondrá en marcha en enero de 2021, luego de la salida de la Minera Los Pelambres del grupo Luksic, que poseía el 40% de la operación y le había puesto el “rostro chileno”. A este problema se suma el trabajo con maquinaría no especializada para el tipo de roca, además del aumento en el número de trabajadores, en comparación a las versiones del proyecto presentadas en un inicio.

Esto ha sido un espacio de esperanza para las organizaciones de No + Alto Maipo. Para el presidente de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, el proyecto “degrada la cuenca hidrográfica que abastece de agua potable y de riego a la Región Metropolitana, que está en pleno proceso de desertificación”. Esto también se produce por escasez de precipitaciones, las que en 2019 alcanzaron 82 milímetros, según la Dirección Meteorológica de Chile, siendo el tercer año más seco desde 1824. “En un contexto así, es imposible la puesta en marcha del proyecto”, plantea Orrego.

Ya en 2009, el presidente de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Roberto Sepúlveda (RN), tras verificar la situación de Alto Maipo, había afirmado: “la Comisión Investigadora pudo llegar a profundas convicciones y establecer una serie de situaciones irregulares, anómalas, que de verdad dan vergüenza a la institucionalidad ambiental del país. Poder constatar que numerosos servicios públicos miraron para el lado, para dejar que la empresa titular del proyecto sencillamente hiciera lo que ellos quisieran hacer para poder dar aprobación a un proyecto, que si bien es necesario, no cumple con la Ley de Bases del Medio Ambiente”.

El proyecto había sido aprobado ese año por las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), que luego serían cambiadas por una nueva institucionalidad ambiental para evitar la politización en estas decisiones.

Una de las últimas resoluciones sobre Alto Maipo la tomó unos de sus inversionistas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), oficina independiente del grupo BID encargada de recibir reclamos por daños causados a las comunidades por operaciones con inversiones del grupo. En un informe presentado en abril pasado, se constatan las fallas operativas y los daños medioambientales del proyecto, ingresó unos 5 mil trabajadores a su construcción del proyecto, siendo en un principio no más de 2500. El informe da cuenta, además, la posible “exposición a enfermedades por interacciones entre trabajadores y habitantes de la comunidad en sitios de hospedaje de trabajadores (incluyendo la potencial transmisión de enfermedades contagiosas, infecciones respiratorias y de transmisión sexual), así como cambios en los determinantes de salud, por ejemplo, uso de drogas y alcohol, o violencia de género, asociados con la llegada rápida de trabajadores durante la construcción y operación”.

[LEE TAMBIÉN] Carlos Tromben: “Chile necesita un sistema mixto de capitalización”

Para Orrego, está decisión permite seguir el conflicto con AES Gener: “El Banco señala que el proyecto que se está construyendo es otro al que se presentó inicialmente. Lo que tendría que pasar es que se hiciera un nuevo informe de impacto ambiental”. Además, se sienta un precedente, al ser una de las empresas inversoras la que determina una serie de irregularidades en la operación.

Igualmente, AES Gener ha recibido denuncias por sus cuatro termoeléctricas en Quintero-Puchuncaví, donde en 2018 hubo alrededor de 200 afectados por una nube tóxica. La empresa respondió con dinero:  tres pagos entre 2019 y 2024, no mayores a $4 millones, gracias a un acuerdo entre los sindicatos de pescadores y la empresa eléctrica, así como a las gestiones del abogado de los trabajadores, César Barra, presidente regional del Partido Socialista, que junto a sus socios percibió honorarios cercanos a $ 500 millones por el acuerdo. Este consistió en que los trabajadores, sus familiares e incluso sus amigos desistirían de cualquier demanda por nuevos casos de contaminación.

Criterios internacionales

Países como Noruega, Suecia y Canadá han establecido condiciones o incentivos para que las inversiones de los fondos de pensiones se hagan en empresas con criterios éticos o estándares cumplidos. Ejemplo de ello es la Federación de Trabajadores de Québec, descrita por el senador Latorre en un artículo de 2017, cuyo fondo de pensión proporciona “los recursos al movimiento sindical para participar en el desarrollo económico por medio de su capacidad de invertir directamente en empresas y sectores donde están aseguradas la creación y la seguridad de empleo decente, con sindicalización y negociación colectiva”.

Estas actividades, destacadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promueven “invertir en empresas apropiadas y proveerlas de servicios para crear, mantener y salvaguardar empleos; respaldar la capacitación de trabajadores para permitirles aumentar su influencia en el desarrollo económico de Québec; estimular la economía de Québec a través de inversiones estratégicas; y respaldar al desarrollo empresarial mediante la invitación a los trabajadores a suscribir acciones del Fondo”.

El modelo sueco, por otro lado, apunta a las elecciones que uno tiene sobre qué se hace con el dinero. Ejemplo de ello son las declaraciones realizadas a La Tercera por la Embajadora Adjunta de Suecia en Chile, Charlotte Alvin, quien a principios de este año declaró que, de las jubilaciones, “cada año se destina el 18,5% de tu ingreso pensionable a tu pensión de jubilación pública. El 16% va a tu pensión contributiva, donde el valor sigue la evolución de los ingresos en Suecia. El 2,5% restante se destina a tu pensión por primas, dónde puedes optar por fondos de inversión públicas o privadas”.

El caso noruego, informa Gestión Social, establece que el Fondo Global de Pensiones del Estado noruego, a partir de su informe anual, informó que en “su informe anual de responsabilidad social (…) señaló haber retirado sus inversiones de 73 empresas internacionales por no cumplimiento del marco normativo ambiental o por contar con escándalos de corrupción”. Esto, en consonancia con las políticas del Consejo Ético del Ministerio de Finanzas de Noruega, creado en 2004 y que tiene el “objetivo de controlar la idoneidad de las inversiones noruegas en compañías extranjeras”.

El economista Hassan Akram cree que en Chile existe una capacidad de decisión de crear criterios éticos. Sin embargo, plantea que hay una dificultad: “Si se puede regular un sistema privado con reglas éticas acerca de la inversión, depende en gran parte de la voluntad políticas más que de un tema de imposibilidad por la naturaleza del sistema, porque en este momento ya existen regulaciones. Que no lo hagan con criterios éticos, es un asunto político”.

Lucas Bravo

Estudiante de Periodismo, Universidad de Chile.

Aleister Quezada

Periodista de la Universidad de Chile.

Matías Rojas

Estudiante de Periodismo, Universidad de Chile.