El proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, ingresado a la Cámara por los diputados del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), logró una amplia mayoría de votos a favor. Alcanzó, en su tercer trámite, la adhesión de 116 parlamentarios y solo 25 negativas, quedando listo para su promulgación, anunciada por La Moneda para la tarde de este viernes.

Pese a la amplia aceptación del proyecto en ambas Cámaras legislativas, el debate mediático ha reflejado el quiebre entre el Ejecutivo y su coalición de gobierno, Chile Vamos, además de conflictos internos suscitados dentro de la UDI y Renovación Nacional, ambos partidos emblemáticos del oficialismo.

Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política, profesor titular de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), dice que la votación refleja varios elementos que se trasforman en hitos de la gestión de Sebastián Piñera.

“Por un lado, es un voto crítico a lo que el gobierno ha estado haciendo en relación a la pandemia; recuerda que desde marzo-abril el gobierno planteó medidas muy acotadas, y la reacción de la oposición fue poner en tabla esto. Y fue ganando adeptos en la medida en que el gobierno no tuvo la capacidad de responder, de generar propuestas más amplias y más interesantes para resolver la crisis. Eso por una parte”, dice Fuentes.

El académico cree que desde el punto de vista de la oposición habían procesos paralelos. “Por una parte la UDI se sentía excluida de las decisiones del gobierno, en donde los partidos ya no se estaban hablando –hace un año que los presidentes de los partidos no se hablaban–, una fuerte descomposición de las relaciones personales, de las lealtades dentro de la coalición; la emergencia de un grupo dentro de la UDI y dentro de Renovación Nacional que captaron que el clima social político había cambiado y había que cambiar las orientaciones políticas y de política pública. Y por lo tanto, eso genera fraccionamiento, disputas cruzadas entre los partidos, un desorden muy fuerte, intereses electorales detrás también los hay… Me parece que es más bien la configuración de una tormenta perfecta en donde distintos intereses confluyeron en el voto tan masivo que se dio en la Cámara y en el Senado”.

Fuentes cree que para algunos parlamentarios existe cansancio con el modelo, sin embargo, mira con otros ojos las intenciones del bloque oficialista: “Ahí hay más intereses políticos y electorales detrás, y de fraccionamiento dentro de la coalición de Gobierno”.

-¿Hay una lucha de clases en la derecha?

-Si hay una lucha de clases dentro de la derecha es una pregunta bien interesante, porque efectivamente yo creo que sí hay grupos distintos o de distinta composición sociodemográfica que explica también estas tensiones. En los tradicionales grupos de poder en Renovación Nacional y en la UDI se da paso a grupos emergentes que no vienen del corazón de lo que fueron los coroneles en la UDI, de lo que fue el Partido Nacional en Renovación Nacional; y empiezan a adoptar posiciones distintas. Desbordes es uno de los emblemas de eso, alguien que viene de la clase media, un ex carabinero, no estuvo en los círculos de poder durante la dictadura… Y por lo tanto sí refleja ciertas diferencias,  llamémoslas, de gente que no viene de la élite y que de pronto empieza a adquirir protagonismo. Eso también se da en algunos diputados que vienen de regiones, que adoptan cierto protagonismo también.

-¿Qué presión pone esta decisión sobre las pensiones de las Fuerzas Armadas?

-En el sistema político chileno nunca se ha querido tocar el tema del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Recordemos que la dictadura estableció el sistema de capitalización individual y excluyó de esa reforma a las FF.AA, Carabineros y la PDI, que tienen cajas particulares donde hay un sistema de reparto en que las instituciones cotizan, pero que también hay un aporte importante del Estado y que les garantiza pensiones muchísimo más altas, 3 o 4, 5 veces más altas que el promedio de los civiles.

Ese modelo que está en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la PDI, no ha sido tocado ni por la Concertación ni por la derecha, porque yo creo que los militares constituyen un factor de poder muy relevante todavía en el sistema político. Y por lo tanto, creo que sí coloca presión ciudadana a revisar esa situación. Además, se producirá una presión fiscal de repartir, en el fondo, recursos estatales, y dado que las pensiones de las Fuerzas Armadas constituyen un fuerte costo para el Estado, habrá presión fiscal sobre ello en los próximos años. Las pensiones de las Fuerzas Armadas también se verán presionadas.

 Sin embargo, creo que, por lo menos hasta el momento, las élites en Chile no han querido abrir esa caja de pandora porque podría generar un conflicto de poder muy significativo con las Fuerzas Armadas. La FF.AA han sido actores privilegiados durante toda la transición, y las élites no van a estar dispuestas a colocar ese tema, menos en una situación de crisis, porque en la historia de Chile hemos tenido ruido de sables. Y eso no me sorprendería, que si se abre esa caja de pandora surgieran nuevamente los ruidos de sables.

-¿Cómo augura el panorama político en la derecha después de esta decisión?

-Bueno, estamos en un momento muy similar a la crisis del año 24-25, en Chile de 1924-1925. Y por lo tanto, es difícil augurar qué puede pasar con el sistema político chileno, cómo se va a reconfigurar. Chile ha enfrentado momentos de crisis institucionales significativos: la guerra civil de 1829, la del 91’, la del 25’, el golpe de Estado del 73’… Es decir, cada 60, 50 años, tenemos momentos de tensionamiento social y político. Yo creo que estamos viviendo algo similar, donde el sistema político, la legitimidad de las instituciones, se pone muy en cuestión. Pero establecer un nuevo sistema toma tiempo, y por lo tanto, van a ser varios años de travesía por el desierto en donde no vamos a ver mucho claros derroteros. Esto no se resuelve en un par de meses con un par de reuniones. Es mucho más profundo.

Yo creo que la inclinación, mirando la perspectiva histórica del sistema político chileno, es que se configure una derecha más conservadora y más libremercadista; y una “derecha social”, llamémosla, que seguramente va a dialogar mucho con un centro social, con los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana. Es decir, ahí va a copar el centro político que siempre ha existido en Chile y que fue mayoritario en los años 60’, pero que suele tener un tercio del electorado; y por lo tanto, yo pensaría que podría haber una reconfiguración de la derecha social que se acerque al centro con algunos sectores democratacristianos más conservadores y que se rearticule y se establezca algún tipo de referente ahí.

Y, después, la izquierda. Seguramente va a haber una izquierda más moderada y después una izquierda más radical. La izquierda en Chile, en general, ha tendido a ser bien fragmentada, entonces no creo que haya un solo referente. Para la derecha creo que yo tendería a pensar que lo lógico desde el punto de vista de sus posicionamientos ideológicos es el que existan dos derechas, una más conservadora libremercadista, y una más llamémosla “derecha social” al estilo Desbordes, etc., que cree algo en el Estado, que cree algo en las políticas sociales, pero también tiene una visión más conservadora de la sociedad.

-¿Es el principio del fin del sistema de AFP?

-Yo creo que el principio del fin de las AFP partió hace un par de años, 3 o 4 años, cuando surgieron las primeras manifestaciones sociales en contra, del No+AFP en 2016, 2017, por ahí. Había mucha presión por establecer una transformación del sistema, comisiones presidenciales. Obviamente el lobby de estas instituciones ha sido muy fuerte para presionar ese cambio… Pero si vemos en perspectiva, ha habido un ciclo, un movimiento hacia el cuestionamiento de las AFP y que coincide con una transición demográfica en Chile. La sociedad chilena se está envejeciendo y por lo tanto, son sectores que empiezan a demandar mejoramiento de sus condiciones.

Creo que sí hay un principio de un fin. No sé si se va a terminar la lógica de un seguro privado como el que tenemos, que es lo que es el sistema de AFP. Yo creo que a lo mejor se mantiene pero mucho más acotado a gente que pueda capitalizar. Y eventualmente van a surgir lógicas de algún tipo de administradora estatal y un sistema, además mixto, en donde los empleadores, el Estado y los individuos contribuyan. Creo que vamos a ir hacia allá, claramente. Me parece que está agotado el sistema de José Piñera, y porque principalmente no logró los resultados esperados después de 40 o 50 años de su implementación.

-¿Cree que esto vaya a poner presión a otros temas como impuestos, por ejemplo, a los más ricos, que es algo que se pidió incluso por personeros de la oposición en este debate?

-Dado que tendremos un escenario económico complejo, y dado que van a hacer presiones fiscales por aumentar el gasto social, lo natural y lo esperable sería el colocar el tema de los impuestos de nuevo en la mesa. Eso yo creo que sería lo esperable. En cualquier sociedad democrática hoy día las discusiones centrales tienen que ver con las condiciones laborales, con los impuestos. Las regulaciones laborales dadas las transformaciones tecnológicas, los impuestos para pagar las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con la agenda de redistribución, de políticas sociales y de cómo se van a implementar, focalizadas o universales. Y ese es el debate.

Por lo tanto, yo creo que los impuestos sí constituyen un elemento central, seguramente un debate que se ha estado dando muy fuerte fuera de Chile es el impuesto a los súper ricos. Creo que ese es un tema, sobre todo en sociedades tan desiguales como Chile, donde el 1% concentra gran parte de la riqueza. Se va a dar porque es la forma en donde se puede financiar este tipo de políticas sociales más amplias, con un Estado más robusto.

-¿Cómo queda Sebastián Piñera después de esta votación? ¿Pasa agosto? ¿Tiene piso político para seguir gobernando?

-A ver. Yo creo que después de esta votación, lo que muestra y ejemplifica esta es que, primero, hay una fractura de la coalición de gobierno, de partidos, lo que es realmente preocupante. Segundo, hay una baja capacidad del gobierno de disciplinar o de ordenar a sus parlamentarios de modo de convencerlos y votar por ellos. Y tercero, que el presidente, en tanto figura política, perdió toda credibilidad en los parlamentarios.

Ahora, yo veo difícil que se produzca una renuncia del presidente. De hecho constitucionalmente no existe la figura de la renuncia. Yo creo que no está en la personalidad de Piñera renunciar. Él legalmente puede seguir. Lo que sí creo es que después del acuerdo político para cambiar la Constitución, la institucionalidad antigua, el presidencialismo –que es el que tenemos ahora– y el mismo presidente, pierden relevancia política. Si bien legalmente sigue siendo la autoridad máxima, simbólicamente el poder se ha desplazado.

Y se desplazó hacia los actores políticos que van a negociar la nueva Constitución, y ya sea la sociedad, que está demandando y presionando por transformaciones de las políticas públicas. Entonces, yo creo que hay un desplazamiento del eje de poder hacia los actores políticos que están administrando esta transición hacia una nueva Constitución y hacia la sociedad, que está muy fragmentada, pero a partir de la protestas sociales, con altas y bajas, demanda y presiona al sistema político para que sucedan las cosas.

Catalina Araya

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile