Aunque la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del Mandatario, este aún debe sortear las imputaciones por los heridos registrados desde que comenzó el estallido social, hace 53 días. Sebastián Piñera enfrenta una querella por su participación en violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales, y otra acción judicial que levantará la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares.
A más de 50 días del 18 de octubre, las cifras de heridos, fallecidos, mutilados y violentados sexualmente no dejan de crecer. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al 6 de diciembre había 352 personas con heridas oculares. El mismo organismo había presentado 108 querellas por violencia sexual, 544 querellas por torturas y tratos crueles, 15 querellas por lesiones y 6 por homicidio.
Aunque este jueves la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por la llamada cuestión previa, el escenario judicial que deberá enfrentar el Mandatario aún es incierto.
La recién formada Coordinadora de Víctimas de Daño Ocular anunció el 29 de noviembre una querella contra Piñera por su responsabilidad directa en los casos de violencia y mutilación. Esta nueva acción legal en su contra se suma a la anunciada dos días antes por el senador Alejandro Navarro, y a la interpuesta el 4 de noviembre por la Cooperativa Jurídica, la Defensoría Popular y el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo.
Asimismo, los informes de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile han puesto en entredicho al Ejecutivo. Este no reconoció lo que la investigación de AI reveló, argumentando que “incluye aseveraciones que son irresponsables sin el respaldo correspondiente”, mientras que el informe de HRW fue valorado por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, ya que, a diferencia de la investigación emanada de Amnistía, HRW no asigna responsabilidades de ningún tipo a las autoridades.
El Gobierno aún se encuentra a la espera del documento sobre esta materia por parte de la ONU, quienes anunciaron que prontamente estaría listo el documento, y a la visita in locoque hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos informes y las distintas querellas son los adversarios del Mandatario.
Primer round: responsabilidades políticas
La oposición presentó el 19 de noviembre una acusación constitucional contra el Mandatario, cuya causa madre es su responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, por la que, consideran, debía ser destituido. De acuerdo con el reporte del INDH, hasta el día previo a la presentación había seis querellas por homicidio contra agentes del Estado, siete por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual y 273 por torturas.
De las 2.391 personas heridas en hospitales, 1.482 lo fueron por armas de fuego, y 1.021 por golpes y gases. En tanto, 222 personas han sufrido traumas oculares, de los cuales 163 fueron producidos por armas de fuego, mientras la cifra de detenidos es de 6.362: 759 niños, niñas y adolescentes; 951 mujeres y 4.499 hombres.
La acusación constitucional es una de las atribuciones de la Cámara de Diputados que se usa para resguardar los intereses, principios y derechos contenidos en la Constitución. En este caso, se acusaba al Mandatario, primero, de haber comprometido la seguridad y honor de la nación, debido al gran impacto de las violaciones a los derechos humanos en la comunidad internacional. En segundo lugar, se consideró la infracción de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales ratificados en materia de derechos humanos, en cuanto el Mandatario habría consentido la vulneración de las garantías fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la indemnidad sexual, la libertad personal y la dignidad.
El Mandatario argumentó que el recurso no tenía ningún fundamento y que “lo que el país necesita es unidad, acuerdos y soluciones a los problemas de los chilenos”. Desde el gabinete, el ministro de la Secretaría General de la República, Felipe Ward, manifestó: “No veo cómo esta acción fiscalizadora puede colaborar en ese aspecto, dado que ya hay investigaciones en curso y que ya se ha señalado que debe haber un respeto total en materia de DD.HH.”
La defensa del mandatario estuvo a cargo del abogado Juan Domingo Acosta, quien trabajó con un equipo formado por el exministro DC Jorge Burgos; la expresidenta del Consejo de Defensa del Estado Clara Szczaranski; el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena; el exministro del Tribunal Constitucional José Luis Cea y los abogados constitucionalistas Sebastián Soto y Manuel Núñez Poblete, en calidad de asesores, según consignó La Tercera.
Con el equipo formado solo seis días antes de que venciera el plazo para presentar la defensa de Piñera, el documento consta de 155 páginas que exponen la inviabilidad de la acusación ya que, según argumenta, lo sucedido durante el estado emergencia obedecía a una atribución presidencial, por lo que el Congreso no debiera pronunciarse.
El diputado DC y presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional, Daniel Verdessi, sostuvo que, “aunque es efectivo que el declarar estado de emergencia es una facultad presidencial, ello no obsta a que se preserven los derechos humanos, en especial cuando hay muertes y lesiones graves”. Consultado por este punto, señaló que “es la sala la que verá en definitiva la cuestión previa y si se rechaza, sólo en ese caso se verá el fondo”. Y así fue.
Este jueves 12 de diciembre la Cámara Baja rechazó el libelo, acogiendo el argumento de la defensa del Mandatario: aceptaron que el documento presentado no cumplía con las condiciones mínimas de forma para poder iniciar un análisis de fondo.
Desde la oposición, ya manifestaron su descontento y anunciaron que seguirán otras vías para perseguir las responsabilidades de Piñera. No obstante, este primer round lo ha ganado el Presidente.
Segundo round: querella por crímenes de lesa humanidad
Recientemente se anunciaron dos querellas para probar y sancionar la responsabilidad del jefe de Estado. La primera fue anunciada el martes 27 de noviembre por el senador Alejandro Navarro, luego de presentado el informe de HRW, y la segunda, por parte de la recién formada Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares.
Esta última, a través de su vocera, Marta Valdés, explicó que “este recurso es porque nosotros señalamos como responsable al Presidente Piñera de las violaciones a los derechos humanos y de los traumas oculares. No fue capaz de destituir a Andrés Chadwick (exministro del Interior) ni a Mario Rozas (general director de Carabineros), medidas que debió tomar, pero no lo hizo. Mantener el apoyo y respaldo a la represión brutal avala que los efectivos sigan teniendo las mismas conductas”.
Señaló, además, que los objetivos de la naciente coordinadora son obtener verdad, justicia y reparación, además del recurso legal contra el Mandatario. La organización está compuesta por más de 50 familias afectadas por daño ocular en uno o más de sus parientes.
Estas acciones se suman a la ya presentada por la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica: una querella por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente Sebastián Piñera. Este recurso ha avanzado silenciosamente durante semanas, considerando que la fiscal a cargo, Claudia Perivancich, llamó a declarar a tres de los testigos solicitados por los abogados querellantes: Andrés Chadwick, Mario Rozas y Javier Iturriaga. La acción judicial, además de dirigirse contra el Mandatario, también es contra “todos los que pudiesen resultar responsables” por los cargos de delitos de lesa humanidad, como homicidios, torturas y apremios ilegítimos (físicos, mentales y sexuales) y mutilación de miembros importantes, entre ellos el estallido de globos oculares.
El abogado Óscar Castro, del Comité de Defensa del Pueblo, explicó que la factibilidad de sancionar penalmente al Presidente es alta, ya que “los hechos fácticos de la ley son muy evidentes: hay ataques generalizados a una cantidad importante de personas (…), los que también son sistemáticos, es decir, concentrados en una cantidad de tiempo, que parten el 18 de octubre y se extienden hasta el día de hoy”.
Igualmente, el abogado Javier Pineda, de la Corporación 4 de agosto para la Defensa de los Derechos Humanos, aclaró que, de aplicarse la ley y si se determina que el responsable debe asumir todos los delitos cometidos en particular, la pena puede llegar a ser perpetua. Es el caso de criminales de la dictadura, por ejemplo, Miguel Krassnoff, quien tiene una pena de 200 años de presidio.
Sin embargo, Pineda expresó: “Soy un poco escéptico de las responsabilidades que se le puedan atribuir al Presidente en una situación como esta. Sería un buen gesto en materia de derechos humanos, puesto que hablaría de que el ‘nunca más’ es efectivo, pero veo difícil que quieran hacer responsable a un Presidente por crímenes de lesa humanidad y que termine pagando con cárcel, como debiese ser”. Para esta acción penal, Piñera será defendido por el abogado Samuel Donoso, exmilitante y fundador del PPD, quien defendió a Patricio Contesse en el marco del caso Soquimich.
Conocido en el mundo político y jurídico, Donoso fue considerado para integrar el Consejo para la Transparencia durante el primer gobierno de Piñera. Sin embargo, su participación en el MOP-Gate, el caso Tsunami y en el caso Spiniak, como abogado de Antonio Leal, significó la eliminación de su nombre para optar al cargo. Además, durante el año pasado se encargó de la defensa de Pilar Armanet en el proceso que llevó a cabo el Tribunal Supremo del PPD, luego de que ella hubiese defendido el lucro en instituciones superiores de educación.
El abogado del Comité de Defensa del Pueblo explicó que las investigaciones y los posteriores informes que revelen organizaciones de derechos humanos serán consideradas para esta acción penal. “Ya hicimos, dentro de la querella, un pliego de diligencias que consideramos las indispensables para comenzar, pero siempre aparecen más antecedentes, más instituciones y más diligencias”, expresó.
Tercer round: impacto en la comunidad internacional
La serie de decisiones tomadas por Sebastián Piñera fue deteriorando su imagen de líder regional a los ojos del mundo. La continua violación de los derechos humanos ha sido objeto de críticas y repudio en distintas instancias internacionales y en organismos que se han llevado a cabo misiones de observación y reuniones con representantes de la sociedad civil. Tal es el caso de la CIDH, órgano que está revisando las denuncias por atropellos a las garantías fundamentales. De ahí la visita técnica y de preparación para la misión investigadora del secretario de la entidad, Paulo Abrão, quien llegó al país el 18 de noviembre para observar el actuar de fuerzas policiales. En declaraciones a Radio Cooperativa, Abrão sostuvo que no hay dudas sobre la vulneración de derechos humanos. Sin embargo, quedaba pendiente establecer la escala y el alcance de estos hechos.
Por su parte, el informe de la misión de Amnistía Internacional reveló que existe una política de castigo, que significó las violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción, y que la situación iba más allá de quién las cometió, apuntando a la responsabilidad de Piñera. Desde el Gobierno respondieron que Amnistía Internacional no había tenido contacto con ellos, aunque la organización publicó una misiva donde se solicita una reunión con el Mandatario con fecha 13 de noviembre. Una carta que no tuvo respuesta.
AI no fue el único organismo que dejó de manifiesto la crítica situación. El informe de Human Rights Watch sostuvo que existen violaciones a los derechos humanos, pero las responsabilidad se concentraría en el alto mando de Carabineros, en lugar de incluir al jefe de Estado como responsable de los atropellos, como apuntó AI. Igualmente, no habría una política sistemática de violación de los derechos humanos.
Las diferencias sustanciales en términos de responsabilidad marcaron el contraste de las reacciones del Gobierno. Mientras las lapidarias conclusiones de AI fueron rápidamente repudiadas, el informe de HRW fue aceptado y agradecido, al tiempo que Piñera anunciaba la creación de un comité temático sobre DD.HH para tomar las medidas correspondientes para enfrentar la crisis.
La información recabada en ambos informes, en tantio, será utilizada como antecedente en las instancias en las que se pretende determinar la responsabilidad penal del Presidente en los delitos que se le imputan. Por ello, será clave constatar su participación en las violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales.
Ignacia Guzmán
Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile
Valentina Cuello Trigo
Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile
Catalina Rodriguez Lira
Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile