El senador que ha empujado la nacionalización del agua y una modificación al Código que privatizó los Derechos de Aprovechamiento en dictadura, cree que la empresa sanitaria pasó todos los límites. En esta entrevista con Doble Espacio, detalla su propuesta para convertir el agua en un bien de uso público y revisa la privatización de las sanitarias, ocurrida en los 90’; un proceso por el  que Girardi votó a favor.  “Lo que no puede pasar es dejar a los privados sin ningún tipo de control, regulación o fiscalización, eso no funciona”, dice.

En enero de este año, el senador Guido Girardi en conjunto con la senadora Adriana Muñoz, anunció la campaña “Agua de todos”, la que busca reestablecer el agua como un bien nacional de uso público; un escenario que cambió luego de que en dictadura, el Código de Aguas la separara de la tierra y permitiera que muchos Derechos de Aprovechamiento se vendieran a privados.

Por eso, para el senador, el objetivo es que una reforma constitucional restaure lo que hizo el gobierno de Pinochet y se encamine a lo propuesto en la administración de Michelle Bachelet en su administración, donde se planteó la idea de terminar con los derechos entregados a perpetuidad.

“En La Ligua los grandes terratenientes tienen paltos y la gente no tiene agua para tomar, pero los paltos sí tienen agua”, señala el parlamentario. Según información del proyecto “Agua de todos”, el consumo humano de agua no está asegurado; el 98% es destinado a las actividades mineras, agrícolas, energía, entre otros. El 2% restante es para las personas. En seis años, el Estado gastó más de 90 mil millones de pesos en suministro de agua para 400 mil habitantes en zonas de sequía. La imagen del especulador se constituye problemática: “Es gente que producto de una reforma inscribieron a título gratuito los derechos de agua y son dueños de cantidades inmensas que valen miles de millones. Incluso, el Estado para darle agua a las comunidades que no tienen agua, tienen que comprarle a los especuladores”. Por eso, Girardi afirma que en Chile, “el agua se transformó en un bien privado. No es un derecho humano”.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Pese a esto, en Chile el agua es propiedad privada lo que impide que se establezca prioridades de uso. Si fuera pública, permitiría priorizar el consumo humano. “Ni siquiera le vamos a cobrar los beneficios que han tenido desde el año 80’ hasta ahora por algo que se les usurpó ilegalmente a los chilenos”, dice el parlamentario.

DERECHOS Y SANITARIAS

Chile es uno de los pocos países del mundo con las aguas privatizadas tanto en la fuente como en la gestión. Este último ha sido un punto cuestionado desde que la ciudad de Osorno se quedara sin agua durante 10 días, y la regulación a las empresas sanitarias volvieran a estar en el centro del debate. ¿Quiénes son los principales responsables de esta crisis sanitaria? “Es la negligencia, la inobservancia, la impericia de una empresa”, dice Girardi.

El parlamentario cree que es  inaceptable el rol que ha cumplido la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal)  porque “primero, a ella se le entrega una responsabilidad mayor que es la vida y la salud de las personas, el agua y la vida. Segundo, tienen utilidades millonarias porque tienen ganancias garantizadas. Tercero, es un monopolio que no tiene competencia, lo menos que pueden hacer es devolver eso a la comunidad haciendo bien su trabajo”.

“Para maximizar aún más su rentabilidad, hacen ahorros no invirtiendo en tecnología y prevención. De hecho, lo que pasó en Magallanes era totalmente evitable, pues era obvio que si se tiene un estanque de petróleo al lado de una zona de captación, en caso de que un día se produjera un derrame, éste caería en la zona de captación. También habla de la desidia y la absoluta falta de fiscalización del Estado, que no tiene fiscalizadores ni tampoco interés de fiscalizar. Habla también de una institucionalidad que está totalmente sobrepasada, donde ni siquiera tiene un sistema de sanciones adecuadas. Esta empresa tuvo 85 infracciones reiteradas en cuatro años y no pasó nada. Tuvo dos contaminaciones al lago Llanquihue y en río Clavito y no pasó nada. Hoy día, quizás, tampoco va a pasar nada. A esa empresa se le debería caducar la concesión”.

Como consecuencia del corte de agua que se vivió en Osorno, Essal podría pagar hasta 600 millones por concepto de multa. Ante esto, usted cuestionó la sanción ya que, según sus palabras, no constituía castigo. ¿Cuál sería para usted una sanción justa?

No constituye un castigo. Entonces, lo que hicimos fue aumentar la ley de delito ambiental, generar un tipo penal específico para las sanitarias cuando actúan de manera negligente, poniendo en riesgo la salud de la población, produzcan graves problemas de contaminación o tengan infracciones reiteradas, aquí hay una sanción penal. Al mismo tiempo, presentamos un proyecto de ley con la senadora Ximena Órdenes yRabindranath Quinteros, que establezca causales o sanciones que sean expeditas, atribución de la Superintendencia frente a tres situaciones que pueden ser independientes; una, por infracción reiteradas. Dos, por grave contaminación. Tres, por poner en riesgo la salud de la población.

¿Entonces, se debe finalizar la concesión a Essal?

Aquí hay tres causales, que incluso por separado deberían concluir en la caducación; uno, infracciones reiteradas: 85 infracciones. Dos, grave contaminación: Osorno, Llanquihue y el río Clavito. Tres, riesgo de la salud de las personas. Es decir, tienen tres de las causales que cada una por sí sola debiera dar paso a una caducación. Yo creo que en un país normal, serían caducados.

A fines de la década del 90’ se promulgó la Ley 19.549, que profundizó la privatización de los servicios sanitarios. Durante el periodo de tramitación de la ley, usted era diputado y votó a favor. ¿Bajo qué criterios se aprueba la ley que reducía considerablemente la participación estatal en las sanitarias?

Eso es un tema que aún se puede discutir. Una cosa es los derechos de agua y otra cosa es tratar el agua. En muchas partes del mundo el tratamiento del agua lo hacen los privados y en otras los municipios. En Francia, por ejemplo, también se externalizó el tratamiento del agua y luego los municipios lo fueron recuperando. ¿Por qué se hizo así en ese momento? Porque no había recursos del Estado. El Estado no quería poner recursos para dotar la infraestructura para el tratamiento del agua y de aguas servidas. Esa decisión puede ser buena o mala, se puede revisar siempre. Lo más importante es que dado que se tomó esa decisión debe haber una institución que fiscalice a las sanitarias, cosa que no ocurre, y también, debe haber una regulación tarifaria que establezca que la rentabilidad de las sanitarias no excederá lo que correspondería, digamos. Tal vez, esos aspectos hay que revisarlos.

Yo fui director del Sesma al inicio de los 90’ y teníamos el 25% de los casos de fiebre tifoidea y hepatitis de Latinoamérica. Logramos erradicarlo porque logramos tratar el agua servida. De hecho, Chile tiene que ser uno de los países latinoamericanos con la más alta tasa de agua potable de buena calidad, en ningún país de la región tú puedes tomar agua de la llave. Luego, creo que Chile debe ser por lejos el país con mayor cantidad de aguas servidas tratadas y conexión a alcantarillado. Yo creo que hay que poner el balance de ambas cosas, no sé si se haya podido hacer esas cosas a costa solo de inversión estatal. Lo que sí debe haber es mayor fiscalización y regulación.

¿Existieron presiones políticas o económicas para que se impulsara la privatización de las sanitarias?

No, no creo. ¿Chile tendría las mismas carreteras que tiene si se hubieran hecho sin concesión? Yo creo que no. ¿Chile hubiera podido tener un tratamiento de aguas servidas a nivel nacional sin concesiones? Probablemente tampoco lo hubiera podido hacer con la velocidad que lo hizo.

Lo que establecería sería un mecanismo mucho más abierto, que permita las concesiones públicas, tanto municipales como regionales”.

Entonces, ¿usted justifica que fue buena la privatización en algún momento?

Yo creo que con la privatización de las sanitarias tú no estás privatizando el agua, sino el servicio. Yo no tengo un juicio moral respecto al tema, yo creo que hay que evaluar lo que es mejor nomás. Lo que sí, no puede ocurrir lo que ha ocurrido. Tú creaste un monopolio natural regulado con renta garantizada, yo creo que hay dos aspectos que deben estar mucho más definidos y fortalecidos: uno, la entidad fiscalizadora, yo diría que el Estado casi no invierte en eso y por lo tanto, las empresas hacen lo que quieren. Dos, se debería revisar la ecuación tarifaria, si efectivamente lo que se está cobrando es lo que corresponde. Yo creo que esos son los aspectos importantes. Por eso te digo, en otros países tuvieron las experiencia de externalizar y muchas comunas han decidido volver a ser ellas las que tratan sus aguas. Yo creo que el tema de más privada o más Estado hay que verlo en función de lo que es más eficiente. Lo que no puede pasar es dejar a los privados sin ningún tipo de control, regulación o fiscalización, eso no funciona.

Actualmente, ¿existen presiones para mantener en manos de privados las sanitarias?

Cuando tú terminas la concesión de una sanitaria, como en el caso de Essal, tú podrías definir si quieres que el prestador nuevo sea público o privado, se debe concesionar eso. A lo mejor, estoy pensando en voz alta, una agrupación de municipios podría proponerse de acuerdo y decir: “como municipios, terminada esta concesión, proponemos ser nosotros y crear una empresa municipal que asocie a todos los municipios que reciben los servicios de Essal y ser los operadores”. Otra opción, es que llegue otro privado. Para mí, no es un tema ideológico, pues hay que evaluar qué es lo mejor. Esto no es lo mismo que privatizar los derechos de agua.

En un caso hipotético, volviendo hacia atrás, ¿usted volvería a votar por la privatización?

Lo que establecería sería un mecanismo mucho más abierto, que permita las concesiones públicas, tanto municipales como regionales.

¿Un ejemplo sería replicar el modelo la distribución de agua de Maipú?

Por ejemplo.

¿Considera que es buen mecanismo?

Yo he defendido siempre el que Maipú preserve su sanitaria porque lo hace bien. ¿Por qué vamos a cambiar algo que lo hace bien? Yo creo que si Maipú logra tener calidad de servicio, logra tener una tarifa aceptable, un servicio que funciona permanentemente, ¿por qué lo vas a cambiar? A pesar que creo que ha tenido poca inversión, podría ser mejorado. Por eso te digo, no es un tema ideológico. Cuando una sanitaria funciona mal, hay que caducarla.

Javiera Ojeda

Estudiante de Periodismo, Universidad de Chile.