A diario, distintas localidades del país enfrentan problemas de contaminación ambiental que afectan la calidad de vida y el hábitat de las comunidades, llegando en algunos caso a generar “zonas de sacrificio”. La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, y el proyecto que se discute en el Parlamento da pie a nuevas interrogantes y suspicacias.

Un amigo de Alejandra Parra era dirigente en Ventanas y publicaba permanentemente fotos de las playas, negras por el carbón. Le relataba que escuchar el ruido de las calderas de las termoeléctricas era como oír una explosión, y que el humo de las chimeneas se liberaba de noche para que no se viera a la luz del día.

Parra integra la Red de Acción por los Derechos Ambientales de la Región de la Araucanía, y ha escuchado historias sobre contaminación extrema. Su amigo le contaba que, cuando las personas mueren en la zona de Ventanas, abren sus cuerpos y ven los efectos de la contaminación que han absorbido durante todo su vida. A veces, los médicos encuentran los órganos verdes.

En 2018, la atención de los medios y de la opinión pública estuvo en las localidades de Quintero y Puchuncaví, producto de los problemas ambientales y de las enfermedades de sus habitantes. La situación evidenció la existencia de “zonas de sacrificio”, una realidad que, aunque antigua en Chile, es ignorada por gran parte de la sociedad.

Según la Fundación Terram, las zonas de sacrificio son localidades que padecen de grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos imprescindibles para la vida de las personas, como el agua, el aire y la tierra. En Chile, según la fundación, existe cuatro: Tocopilla-Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel.

Sin embargo, hay más territorios con problemas ambientales que se encaminan a obtener esta clasificación. En el Valle del Elqui hay nuevos proyectos mineros, como el de la chileno-japonesa Pan Pacific Copper, que podrían dañar ríos, glaciares, flora y fauna. El proyecto de Pan Pacific Copper busca la construcción de una obra en el Río Claro y Cochiguaz, uno de los mayores abastecedores de agua para la provincia del Elqui. Ante esto, la organización Elqui Sin Mineras busca que se declare legalmente esta zona como “insacrificable”.

Para la diputada Catalina Pérez (RD), miembrode la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, las localidades enfrentan “síntomas de una misma enfermedad, hay realidades compartidas”. Ha observado crisis hídrica en 179 comunas, faltas en la regulación de industrias, una deuda con los estándares ambientales, y cómo los asentamientos humanos empiezan a retroceder en virtud de proyectos que favorecen a unos pocos en perjuicio de muchos.

Por el medioambiente

Diferentes organizaciones ciudadanas y medioambientales coordinaron una movilización nacional el 15 de noviembre de 2018. Con el lema “No más zonas de sacrificio”, esta red de entidades denunció a industrias que representan un peligro para los territorios, las personas y el hábitat.

Unos días antes, se había realizado una cumbre realizada por la Fundación Heinrich Böll, que reunió a organizaciones sociales de todo el país. Aunque cada una representaba realidades diferentes, compartían un aspecto: luchan por espacios donde el sistema industrial ha menoscabado el ambiente.

Para Alejandra Parra, esta fue una instancia importante, pero no abordó los temas de manera directa. La dirigenta dice que “todavía falta una toma de conciencia de que es el sistema económico y los objetivos de desarrollo los que imponen esas zonas de sacrificio en ciertos territorios”. André Apiolaza, de Elqui Sin Mineras, afirma por sun parte que estas reuniones permiten conocer realidades distintas, pero que donde “la lucha es la misma, el enemigo es el mismo: el modelo neoliberal extractivista, que nos hace levantarnos una y otra vez”.

Lo que hoy moviliza a la comunidad del Valle del Elqui es la destrucción que el proyecto minero podría causar. El pedimento se encuentra en un espacio declarado Santuario de la Naturaleza y colinda con una comunidad mapuche. Para los habitantes, este es un problema histórico y por eso, en palabras de Apiolaza, “el movimiento nace de los vecinos, de ninguna organización en particular: es un despertar social, que horizontalmente y desde las bases, se levanta ante la amenaza”.

Cambios legislativos

En 1994, se promulgó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300), que en su primer artículo estipula el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. La existencia de zonas de sacrificio pone en duda que este derecho esté siendo respetado.

La diputada Catalina Pérez afirma que hay una lucha legislativa por incorporar principios que tengan como prioridad la protección del entorno y la salud de las personas. Sin embargo, agrega, en Chile “se prioriza la inversión y el crecimiento”. Para la parlamentaria, incluir en la legislación el principio precautorio sería un paso importante. Esto permitiría al Estado actuar frente al riesgo de un desastre ambiental, mientras hoy se “actúa cuando el conflicto ya está instalado. Y si queremos hacer frente a la crisis, necesitamos prevenir, más que lamentar en el futuro”.

Las movilizaciones sociales han acelerado las políticas públicas, pero la diputada cree que existe “una incomprensión del Gobierno respecto de cómo hacerse cargo realmente del problema. Aquí hay que tener claro que esto no se soluciona con normas de ‘no más bolsas plásticas’”. Según Alejandra Parra, en tanto, las zonas de sacrificio se originan en un sistema extractivista que acumula recursos “para que algunos tengan mucho otros tienen que tener poco”. A las comunidades les “correspondería” tener poco.

Este sistema global extrae recursos naturales en zonas cuyos bajos estándares ambientales facilitan la instalación. Según plantea Parra, la visión del Estado es que “cuando aumenta la inversión y los ingresos de las empresas, mejoran los indicadores económicos, pero no la calidad de vida de las personas”.

La diputada Pérez comparte esta idea. Para ella, hay un error de mirada y de enfoque, por lo que se necesitarían cambios legislativos con “un nuevo modelo, que tenga por norte la sustentabilidad de los territorios y la salud de las personas”. El accionar del Gobierno, sin embargo, ha sido en otra dirección.

Las respuestas del Estado

En su intervención en la 73° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la crisis de Quintero y Puchuncaví. Prometió entonces “poner en marcha un plan para enfrentar la situación de emergencia” y para generar una “solución definitiva”.

Desde el Gobierno de Michelle Bachelet se discute un proyecto en la Cámara de Diputados, que plantea modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este instrumento opera desde 1997, evaluando el diseño y la ejecución de proyectos públicos y privados. Según su página oficial, ha aprobado más de 24 mil actividades. El SEIA fue modificado por última vez en noviembre de 2017. En ese momento, la Comisión Asesora Presidencial de Bachelet buscó “agilizar y optimizar la tramitación ambiental de proyectos”, según dijo el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Alejandra Parra afirma que tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera tienen los mismos objetivos, creen “que promover la inversión privada es algo positivo y quieren hacer estas modificaciones porque los privados piensan que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental pone muchas trabas a la inversión, y quieren facilitar la aprobación de proyectos”.

El 1 de abril de este año comenzó a regir en Concón, Quintero y Puchuncaví, el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, aprobado por la Contraloría. El objetivo es que las empresas cumplan una serie de normas para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, el plan se ajusta a la normativa vigente en Chile, con bajos estándares ambientales, por lo que su impacto en la vida de las poblaciones de esas zonas es limitado.

El proyecto que se tramita en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, presenta aspectos reñidos con la participación ciudadana. Pese a que el artículo 4 de la Ley 19.300 establece que el Estado debe asegurarla, el proyecto acorta los plazos formales de participación de la comunidad: de 30 a 20 días y de 60 a 30 días, dependiendo del procedimiento. El proyecto propone, igualmente, la creación de tres macrozonas con tribunales ambientales en Antofagasta, Santiago y Valdivia, lo que dificulta la participación en el proceso legislativo de los investigadores de las localidades afectadas, así como de sus habitantes. Para denunciar, hay quienes tendrían que atravesar dos o tres regiones.

El 1 de abril de este año comenzó a regir en Concón, Quintero y Puchuncaví, el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, aprobado por la Contraloría.

Otro problema radica en que la propuesta busca una participación temprana de las localidades: que la ciudadanía dialogue con los titulares de los proyectos antes que estos se evalúen. Para la diputada Pérez, “en principio suena bastante bien, pero no se hace cargo de la asimetría de información entre las comunidades y los titulares del proyecto”.

Desde las organizaciones sociales se critica también a la reducción de la participación. Alejandra Parra plantea que el SEIA ya es precario en Chile y que el proyecto lo debilita aún más. Para ella, la participación temprana es un peligro, porque las empresas podrán negociar con las comunidades sin que se pueda normar esa negociación. A su juicio, esto se puede derivar en un simple chantaje. Apiolaza, por su parte, piensa que “la institucionalidad ambiental ha fallado en este modelo”. La dirigenta del Valle del Elqui afirma que las reformas van a ir perfeccionando las fallas del sistema, pero que hace falta un decreto que garantice el cumplimiento de las demandas, sin depender del gobierno de turno. Para la diputada Pérez, por último, se necesita un compromiso concreto: “Si la situación de Quintero y de Puchuncaví no ha sido suficiente para demostrar que esta es una crisis global que afecta la cotidianidad de las personas, no sé qué más es necesario para que este Gobierno tome cartas en el asunto”.

Yamitza Yuivar Villarreal

Periodista de la Universidad de Chile.